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Diego Moñux

Diego Moñux

Socio Director Silo Company

Socio-Director de Science & Innovation Link Office, S.L., donde dirige proyectos de consultoría sobre políticas públicas de I+D+i, transferencia de tecnología y apoyo al emprendimiento. Ha sido asesor del secretario de Estado de Universidades e Investigación y director adjunto del Gabinete de la Ministra de Ciencia e Innovación, así como director de relaciones externas del centro tecnológico CARTIF. Ingeniero Industrial por la Universidad de Valladolid.

ENTREVISTA

Pregunta: ¿Qué beneficios conlleva la Compra Pública Innovadora para la administración pública y para las empresas?
D.M.:
Si nos ponemos en el lado de las empresas proveedoras, la Compra Pública Innovadora (CPI) les permite reducir la incertidumbre de mercado y, por lo tanto, abordar sus proyectos de innovación con menos riesgos al tener un primer comprador “asegurado”.
De hecho, de acuerdo con el Innobarómetro de la Unión Europea (2011), la incertidumbre de mercado es una de las principales barreras para la innovación, por encima de otras que, paradójicamente, han sido objetivo de las políticas clásica de fomento de la I+D+i, como son la mejora de las capacidades para el desarrollo de nuevas tecnologías. En este caso, hablaos de un gran mercado. En los países de la OECD, las compras públicas suponen alrededor del 12% del PIB. Por tanto, contar con un primer comprador público es clave, tanto por el volumen de compra inicial como por la posibilidad de replicar esta venta en procesos de expansión e internacionalización.
Por otro lado, desde la perspectiva pública, la CPI permite cumplir con dos objetivos clave: la incorporación de bienes y servicios innovadores orientados a mejorar el servicio público, por un lado y el apoyo a los sectores proveedores de tecnología.

P: ¿Podría mencionarnos casos de éxito en España de la Compra Pública Innovadora?
D.M.: LA CPI es una política inherentemente compleja y que tiene un ciclo de maduración largo. En España fue lanzada en 2010 y, afortunadamente, el mantenimiento de los equipos ministeriales pese al cambio de Gobierno y la perseverancia nos ha colocado en una buena posición relativa dentro de la UE.
Empezamos a ver, además, los resultados de los primeros casos de éxito —tanto en compra de tecnología innovadora como en compra precomercial— en diversos sectores: sanidad, agroindustria y bioeconomía, infraestructuras portuarias, etc. Es imposible citar todos. Son conocidos los casos de CPI realizados por el Servicio Gallego de Salud, Innovasaude y H2050. Tenemos también los proyectos que ha desarrollado la Universidad de Córdoba: Mecaolivar, en el sector de la maquinaria agrícola, y Biomedicina, orientado a la conservación celular y detección precoz del cáncer. Y me parece importante citar alguno de los proyectos liderados por instituciones científicas, como es el caso de la Plataforma Oceánica de Canarias. Por último, entre las experiencias específicas de compra precomercial, se puede destacar la del proyecto CLAMBER, en Castilla la Mancha, dirigido a la promoción de la bioeconomía.
Pero lo más importante es que está creciendo el interés por la CPI en numerosas administraciones locales y autonómicas y, hoy en día, hay múltiples proyectos en fase de diseño y gestación.

P: ¿Cómo influye la Compra Pública Innovadora en la transformación del conocimiento en beneficios económicos?
D.M.:
Sabemos que la UE —y España no es la excepción— sigue teniendo dificultades para lograr la trasferencia del conocimiento y los resultados de la investigación al mercado. Las razones son múltiples, incluyendo la falta de capacidades y profesionalización, y también de instrumentos de financiación adecuados.
En este sentido, aunque la CPI fomenta la colaboración público-privada, no es una política específica de apoyo a la transferencia. Ahora bien, sí ayuda a transformar conocimiento en riqueza económica, en la medida que apoya a empresas a desarrollar nuevos productos y servicios con contenido tecnológico algo, que en muchas ocasiones, hacen en colaboración con centros de I+D y universidades.
En el caso específico de la compra precomercial, el efecto es aún mayor, puesto que se trata de contratos de I+D dirigidos a desarrollar prototipos viables. Este fue, en buena medida, el origen de la CPI en la UE, con ayudas incorporadas a sus convocatorias temáticas, un enfoque que es hoy especialmente patente en el programa Horizonte 2020.

P: Participó usted como ponente en la pasada edición de Foro Transfiere 2016. Desde su punto de vista, ¿qué beneficios aporta este encuentro a las empresas e instituciones participantes?
D.M.: Transfiere ha tenido siempre un espíritu de abrir nuevos horizontes a los gestores de la I+D y de la transferencia de tecnología, aportando algo más que un espacio privilegiado para el networking. Ese espíritu se mantiene y por eso es bueno que siga ofreciendo nuevas perspectivas, nacionales e internacionales, a sus participantes.
En este sentido ha sido muy oportuno que haya encontrado espacio en 2016 para organizar una mesa redonda sobre CPI, que generó gran interés. En SILO vemos a diario que una de las principales barreras para la implementación de la CPI es el desconocimiento del funcionamiento de esta herramienta, tanto por el sector público como por el privado. Unido a ello, encontramos también una falta de coordinación y pocas de vías de comunicación entre potenciales proveedores y potenciales compradores del sector público.
Transfiere puede contribuir, y contribuye, en ambos sentidos: compartiendo conocimiento alrededor del funcionamiento de la CPI y de los beneficios que ofrece, como fomentando la interacción, orientada a la resolución de retos, entre potenciales proveedores y compradores públicos. Es lo que el foro ha venido haciendo desde la perspectiva de la trasferencia de tecnología y, sin duda, lo puede hacer también desde la perspectiva de las compras públicas.